La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso presentado por el Poder Ejecutivo por considerar que no existía una sentencia definitiva.
La resolución mantiene vigente la obligación de actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de recomponer los programas destinados a los estudiantes, dos aspectos considerados esenciales para garantizar el normal funcionamiento del sistema universitario.
Aunque el Gobierno ya había acordado, el pasado 10 de junio, una actualización de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios, el fallo representa un fuerte respaldo institucional a la vigencia de la Ley 27.795.
-Una causa impulsada por las universidades
La demanda fue promovida por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional junto a diversas universidades nacionales, quienes cuestionaron el decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la existencia de fuentes específicas de financiamiento.
En primera instancia, la Justicia ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la recomposición salarial y a los programas estudiantiles, entendiendo que la demora podía ocasionar un grave deterioro del sistema educativo.
Posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión al considerar que el Estado no logró desvirtuar el derecho invocado por las universidades.
-La educación, un derecho que debe garantizarse
Los jueces señalaron que el incumplimiento de la ley podía afectar seriamente el derecho constitucional de enseñar y aprender, al profundizar la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.
Asimismo, entendieron que el eventual ahorro fiscal derivado de no aplicar la norma no justificaba el perjuicio ocasionado a una de las principales políticas públicas del país.
La Corte, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también rechazó distintos planteos del Gobierno para apartar a magistrados que intervinieron en la causa.
Mientras tanto, el expediente principal, que analiza la constitucionalidad del decreto 759/2025, continuará su trámite judicial.
La decisión conocida este jueves consolida, al menos de manera provisoria, la protección judicial del financiamiento universitario y representa una señal favorable para las universidades públicas, cuyos reclamos apuntan a garantizar recursos suficientes para sostener la calidad educativa, la investigación y el acceso de miles de estudiantes en todo el país.
(Imágenes prensa universitaria)
