El gobernador Passalacqua construye una identidad. El expolicía Correa, una camioneta de alta gama después de 143 días de acampe. Una historia habla de identidad. La otra, de lo que no cierra: no hay delito pero hay preguntas.
Por Sergio Fernández
Llegar al poder no alcanza. Tampoco alcanza con ocupar un lugar que ya existe, administrar una estructura que funciona o recibir una posición construida por otros. En algún momento, todo dirigente necesita hacer algo más difícil: construir una identidad propia y conseguir que la misma sea reconocida como propia por la sociedad. En Misiones, esa discusión empieza a tomar otra dimensión.
Hugo Passalacqua ya no transita solamente el tiempo de un gobernador que llegó al cargo. Con el paso de los años fue construyendo una forma particular de ejercerlo, una relación determinada con la sociedad y, sobre todo, una identidad política que comienza a tener valor propio. Eso es diferente.
Porque una cosa es gobernar y otra es conseguir que una sociedad pueda identificar una manera de gobernar con una persona. Para eso no alcanza una elección, una candidatura ni una buena fotografía de gestión. Hace falta tiempo, decisiones, exposición, aciertos, errores y una determinada forma de pararse frente al poder.
“Las mediciones de imagen que lo ubican entre los gobernadores con mejor consideración del país pueden ser una expresión de ese proceso”. Las encuestas cambian y ninguna fotografía garantiza el futuro. Pero cuando una percepción se sostiene durante un período prolongado, deja de ser solamente un dato electoral y empieza a convertirse en un elemento político que los demás dirigentes también deben mirar.
Ahí aparece la verdadera discusión. ¿Qué hace un dirigente cuando consigue construir una identidad que excede el cargo que ocupa? La respuesta puede definir buena parte de lo que viene. Porque la política suele hablar demasiado de nombres y poco de identidades. Se discute quién encabeza una lista, quién acompaña, quién tiene estructura, quién conserva territorio. Todo eso importa. Pero debajo de esas discusiones hay otra pregunta, bastante más difícil de responder: ¿qué representa cada uno?
Una estructura puede prestar organización. Un partido puede ofrecer una marca. Una alianza puede facilitar una elección. Pero ninguna de esas cosas garantiza que un dirigente consiga convertirse en referencia de una etapa. Eso se construye. Y Passalacqua parece haber avanzado en ese camino, a partir de una manera de gobernar que, con el tiempo, fue adquiriendo características reconocibles. No se trata solamente de recorrer municipios o de estar cerca de los intendentes. Es la combinación entre esa presencia, las decisiones que toma, la forma en que comunica y el modo en que administra los límites que impone una realidad económica cada vez más compleja. La identidad política aparece cuando todas esas piezas empiezan a formar una misma imagen.
Por eso las medidas de esta semana, desde el alivio tributario para determinadas actividades hasta las decisiones vinculadas con el endeudamiento de las familias, pueden leerse también desde otro lugar. No solamente como acciones de gobierno, sino como parte de una manera de entender qué debe hacer una administración provincial frente a problemas que no puede resolver por completo. No se trata de decir que una medida define por sí sola una identidad. Sería demasiado sencillo. Una identidad política se construye por acumulación. Se construye cuando las decisiones empiezan a guardar cierta coherencia entre sí y cuando la sociedad reconoce un patrón detrás de ellas. También cuando un dirigente consigue que su nombre no sea solamente asociado a un cargo, sino a una determinada manera de ejercerlo.
Ese proceso es particularmente importante cuando una etapa política empieza a buscar nuevas referencias. Porque ahí ya no alcanza con cambiar nombres. Tampoco alcanza con cambiar una denominación, sumar dirigentes o presentar un armado diferente. Si detrás de la novedad la sociedad encuentra exactamente las mismas formas, las mismas respuestas y los mismos códigos, la renovación (no como nombre propio) puede quedarse solamente en una cuestión de marketing político.
El desafío es otro. Construir algo que tenga identidad suficiente para ser reconocido como nuevo sin necesidad de negar todo lo anterior. Y esa tarea no se resuelve de un día para otro. Quizás por eso el dato más importante de este momento político, no esté en quién aparece primero en una conversación electoral, ni en qué dirigente logra reunir más dirigentes alrededor de una mesa. Puede estar, en cambio, en quién consigue que la sociedad empiece a reconocer una identidad propia.
Porque el poder se puede ganar. Un cargo se puede ocupar. Una estructura se puede recibir. Pero una identidad política, hay que construirla. Y cuando finalmente aparece, deja de pertenecer solamente al cargo.
-La RAM y el acampe
Hay historias que se cuentan solas. No necesitan adjetivos, no necesitan interpretación, no necesitan que nadie las subraye. Basta con poner los hechos en orden y dejar que el lector saque sus conclusiones. La de Diego Correa es una de esas historias.
Correa pasó 143 días acampando frente a la Casa de Gobierno de Misiones. Reclamaba su reincorporación a la Policía y el pago de haberes que aseguraba tener retenidos. Durante casi cinco meses, su imagen fue la de un expolicía que atravesaba serias dificultades económicas. La de alguien que no tenía siquiera para comer. La de un hombre que resistía en la calle, con lo puesto, esperando una respuesta del Estado.
El acampe terminó el 27 de agosto. Y esta semana, una publicación de una concesionaria volvió a ponerlo en el centro de la escena: una camioneta RAM blanca junto a dos hombres y una frase que no deja demasiado lugar a la interpretación. «Hoy Diego se llevó su RAM».
El contraste, como era de esperar, generó comentarios. Porque una cosa es acampar 143 días reclamando por falta de ingresos y otra muy distinta es aparecer, semanas después, retirando una camioneta de alta gama. No hay delito en eso. Nadie dice que lo haya. Comprar una RAM no es ilegal. Pero llama la atención. Y en política, llamar la atención es, a veces, más importante que cualquier acusación.
Lo que llama la atención no es solamente el vehículo. Es el recorrido. Porque durante el acampe circularon rumores y señalamientos que vinculaban a Correa con Ramón Amarilla, el expolicía que hoy es diputado provincial. Se decía que Amarilla estaba detrás de la protesta. Que habría contribuido a solventarla. Que el acampe no era solamente el reclamo solitario de policías que no tenían para comer, sino parte de una operación más grande.
Esa vinculación no es nueva. Correa y Amarilla formaron parte del grupo de expolicías involucrados en el conflicto policial de 2024 y en la causa judicial por presunta sedición y conspiración. Durante 2026, mientras Correa permanecía instalado frente a la Casa de Gobierno, el nombre de Amarilla volvió a aparecer asociado al reclamo. La RAM agrega ahora otro elemento a esa historia.
“Hay algo que conviene decir con claridad: no hay delito en lo que hizo Correa. No hay una acusación formal. No hay una causa abierta por la compra de la camioneta. Nadie está diciendo que el hombre haya hecho algo ilegal. Pero la política no se mide solamente por lo que es legal o ilegal. Se mide también por lo que resulta verosímil. Y hay algo en esta secuencia que no termina de cerrar. Un hombre que durante cinco meses dijo no tener para comer, que resistió en la calle con lo puesto, que apeló a la solidaridad de quienes pasaban, aparece semanas después retirando una camioneta que en el mercado puede valer decenas de miles de dólares. No es un delito. Pero es, cuanto menos, una pregunta”.
¿De dónde salió el dinero? ¿Quién financió el acampe? ¿Fue una decisión personal o hubo alguien detrás que decidió sostener la protesta y ahora decide sostener al protestante? Las respuestas no están. Pero las preguntas, en política, suelen tener más peso que las certezas. Porque las certezas se prueban. Las preguntas, en cambio, quedan flotando.
Y hay algo más. El acampe de Correa no fue un hecho menor. Fue una protesta que se extendió durante casi cinco meses frente a la Casa de Gobierno, que ocupó espacio público, que generó solidaridad, que instaló un reclamo. Si ese acampe fue financiado por alguien, si hubo una mano detrás que lo sostuvo, entonces no se trató solamente de un hombre reclamando por sus derechos. Se trató de otra cosa. Y esa otra cosa tiene un nombre que ya apareció en la causa por sedición.
Correa tiene derecho a comprarse la camioneta que quiera. Tiene derecho a que su esfuerzo, su trabajo o su dinero le permitan acceder a un vehículo de alta gama. Nadie lo está acusando de nada. Pero la política tiene una particularidad: no alcanza con que algo sea legal. También tiene que ser creíble. Y hay algo, en esta historia, que no termina de serlo.
La RAM no es el problema. El problema es lo que la RAM ilumina. Un acampe de 143 días. Un reclamo que se sostuvo durante casi cinco meses. Un discurso centrado en la falta de ingresos. Y una camioneta que aparece, semanas después, para contradecir ese discurso. No hay delito. Pero hay algo que no cierra. Y en política, cuando algo no cierra, conviene preguntarse por qué.