En Misiones cambian las conducciones, se reacomodan los dirigentes y hasta los viejos retratos entran en discusión. Passalacqua avanza con nuevas reglas de control, mientras otros ensayan su propia renovación. El desafío será demostrar que el cambio va más allá de los nombres, los partidos y la decoración de los despachos.
Por Sergio Fernández
En las oficinas públicas suelen quedar rastros de quienes ejercieron el poder. Fotografías, placas, nombres en las paredes y retratos que sobreviven a los cambios de funcionarios y de épocas. Incluso la vestimenta de sus protagonistas, el color de un traje o el estilo de una corbata, permiten reconocer el momento histórico en que alguien ocupó un lugar central.
Algunos permanecen por respeto a la historia y otros por simple costumbre. Pero cuando una estructura política atraviesa una disputa por su conducción, hasta los objetos más cotidianos adquieren otro significado. Esta semana, una discusión sobre los cuadros de Carlos Rovira que, según una denuncia política, todavía cuelgan en dependencias de la Municipalidad de Posadas terminó ofreciendo una imagen curiosa del momento que atraviesa Misiones. La cuestión no consiste en determinar qué fotografías deberían retirarse de una pared, sino en establecer cuánto de las prácticas del pasado permanece detrás de los discursos que anuncian una renovación. Y no precisamente como nombre propio.
El oficialismo provincial atraviesa una reorganización que pocos imaginaban con estas características hace apenas algunos meses. El gobernador Hugo Passalacqua comenzó a ejercer una conducción política más autónoma, mientras distintos sectores del extinto Frente Renovador de la Concordia buscan acomodarse a una distribución del poder que ya no responde al esquema de años anteriores. La transformación abre expectativas, pero también obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué significa realmente dar vuelta una página cuando buena parte de quienes participan de la nueva etapa también formaron parte de la anterior?
La respuesta no puede limitarse a una disputa entre dirigentes. Carlos Rovira fue una figura central en la construcción del sistema político que gobernó Misiones durante más de dos décadas y, Passalacqua, ocupó responsabilidades importantes dentro de esa misma experiencia. La historia no comienza ahora, por más que algunos encuentren conveniente presentarla de esa manera. Precisamente por eso, las decisiones que se adopten durante esta transición merecen atención. El desafío no consiste en negar el pasado, sino en reconocer qué aspectos de aquel funcionamiento necesitan cambiar y cuáles pueden conservarse sin reproducir los problemas que hoy se cuestionan.
La semana dejó un hecho que permite observar esa discusión desde un lugar menos personal y mucho más institucional. La Cámara de Representantes, en su última sesión ordinaria del año, aprobó por unanimidad una reforma impulsada por Passalacqua para ampliar las facultades del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado provincial y municipal. La norma alcanza a distintas figuras empresariales utilizadas por la administración pública y establece que los resultados de las auditorías deberán remitirse anualmente a la Legislatura. Su aplicación comenzará el 1 de enero de 2027.
Durante años, las estructuras empresariales del Estado ocuparon un lugar importante en la administración provincial. Su funcionamiento, sus recursos y sus decisiones también formaron parte de discusiones sobre el alcance de los controles públicos. Que ahora el propio Poder Ejecutivo impulse una ampliación de esas facultades, introduce una modificación institucional relevante, aunque todavía resulte prematuro atribuirle consecuencias que solamente podrán comprobarse cuando el sistema comience a funcionar. Una ley puede establecer obligaciones, pero su verdadero alcance depende de la voluntad de aplicarlas y de la independencia de quienes deben controlar.
“La reforma consiguió el acompañamiento de todos los bloques, incluso de legisladores opositores que aprovecharon el debate para cuestionar las demoras en avanzar sobre esta materia”. Algunos de ellos venían reclamando controles mediante pedidos de informes que, en más de una oportunidad, parecían tener como principal destino el videíto para las redes sociales. La unanimidad no eliminó las diferencias, pero permitió que una discusión sobre el funcionamiento del Estado superara las fronteras partidarias. “En una Legislatura donde durante mucho tiempo las mayorías alcanzaban para resolver prácticamente cualquier votación, incorporar aportes de otros espacios también representa una manera distinta de construir decisiones”.
Sin embargo, una ley de fiscalización no convierte automáticamente a una administración en transparente. El control permite examinar documentación, verificar procedimientos y determinar responsabilidades. La transparencia exige además que la información resulte accesible, comprensible y útil para la sociedad. Una auditoría que termina guardada en un expediente puede satisfacer una obligación administrativa sin responder necesariamente las preguntas de los ciudadanos. El verdadero examen llegará cuando alguna observación resulte incómoda para quienes administran los recursos públicos. Controlar aquello que no genera conflictos siempre es más sencillo que aceptar una revisión que comprometa decisiones propias.
Esa discusión institucional convive con una reorganización política que todavía tiene demasiados capítulos por delante. El Movimiento por lo que Viene busca consolidar la conducción de Passalacqua, mientras otros sectores procuran construir una identidad propia frente al nuevo escenario. La disciplina interna, que durante años funcionó como uno de los principales atributos del oficialismo, dejó lugar a una competencia que expone diferencias antes reservadas a conversaciones privadas. “El problema no es que existan distintas expresiones políticas sino, qué prácticas utilizan para conseguir adhesiones y qué propuestas ofrecen para justificar su existencia”.
En Posadas, el intendente Leonardo Stelatto aparece como una de las figuras alrededor de las cuales se organiza una alternativa política. Su entorno impulsa UNI, una fuerza que proyecta competir electoralmente en 2027. La aparición de ese espacio forma parte de un proceso legítimo de reorganización partidaria.
La democracia admite que dirigentes con trayectorias compartidas tomen caminos diferentes y presenten sus propuestas ante los ciudadanos. Pero cuando una nueva construcción pretende diferenciarse de una estructura a la que perteneció durante años, también debe explicar qué cambió en sus convicciones y qué pretende hacer de manera distinta.
“El diputado provincial Martín Arjol, radical con peluca”, denunció presuntas presiones sobre trabajadores contratados de la Municipalidad de Posadas para obtener afiliaciones al nuevo partido. Desde UNI rechazaron las acusaciones y negaron la participación de funcionarios municipales en esas supuestas maniobras. Los hechos requieren esclarecimiento y sería irresponsable dar por acreditada una denuncia solamente porque encaja con determinada interpretación política. Pero la controversia permite recuperar una discusión que Misiones conoce desde hace tiempo: la relación entre el empleo público, la militancia y las estructuras partidarias.
“Ningún trabajador debería sentir que su continuidad laboral depende de una ficha de afiliación. La pertenencia política es una decisión personal, mientras que la administración del Estado debe responder a obligaciones institucionales que no cambian según las preferencias electorales de cada empleado”. Si una nueva fuerza pretende diferenciarse de las prácticas anteriores, tendrá que demostrarlo en su funcionamiento cotidiano. Y esa exigencia no corresponde solamente a UNI. También alcanza al oficialismo provincial y a cualquier organización que administre recursos públicos.
En ese contexto apareció la referencia de Arjol a los retratos de Rovira que, según sus declaraciones, permanecen en oficinas municipales. La observación tiene una cuota de ironía que la política suele ofrecer sin demasiado esfuerzo. Los cuadros pueden retirarse en una tarde y los símbolos partidarios pueden reemplazarse con la misma rapidez. Las costumbres de una organización, en cambio, requieren algo más que una decisión administrativa. La renovación política no depende de la decoración de los despachos, aunque esos detalles permitan observar contradicciones que los discursos prefieren disimular.
La semana también dejó una escena interesante en San Ignacio. Jorge Brito, presidente del Banco Macro, participó junto a Passalacqua de la inauguración de una sucursal de la entidad, con una inversión superior a los 800 millones de pesos. Durante el acto, el empresario expresó su afecto por Misiones y señaló que, después de un período en el que dejó de visitar la provincia, comenzó a regresar con mayor frecuencia gracias al vínculo con el gobernador.
(Examedia)
La declaración admite distintas interpretaciones, pero ofrece un dato sobre las relaciones que Passalacqua procura construir con sectores económicos de alcance nacional. Brito, a quien algunos mencionan entre los posibles outsiders presidenciales para 2027, no es precisamente una figura menor dentro del empresariado argentino. Sería exagerado convertir su presencia en una certificación del rumbo provincial, porque las inversiones responden a cálculos comerciales y oportunidades de mercado que no dependen exclusivamente de la afinidad con un gobernador. Pero tampoco corresponde ignorar que los vínculos personales e institucionales forman parte de la política y pueden facilitar conversaciones que después necesitan traducirse en proyectos concretos.
Misiones requiere inversiones, crédito y mejores condiciones para sus empresas, especialmente en una economía donde el consumo debilitado, los costos productivos y la incertidumbre dificultan la planificación. La cercanía con actores financieros puede resultar útil si contribuye a ampliar oportunidades para comerciantes, emprendedores y sectores productivos. El valor de esos vínculos no debería medirse por las fotografías de una inauguración, sino por los resultados que puedan producir cuando termine el acto y se apaguen las cámaras.
Mientras tanto, los empleados públicos provinciales cobraron este sábado el primer tramo del incremento salarial previsto entre octubre y noviembre. También se conocieron precisiones sobre la ampliación de los bloques de consumo eléctrico subsidiado para zonas cálidas, una medida que contempla una particularidad elemental de Misiones: durante buena parte del año, la refrigeración de los hogares responde a una necesidad antes que a un lujo. El reclamo fue sostenido por Passalacqua y ocupó un lugar en la agenda de la reunión del Norte Grande realizada en Posadas.
El nuevo esquema prevé bloques subsidiados de hasta 500 kilovatios hora mensuales durante el período de temperaturas más elevadas y de 300 durante los meses restantes, según las condiciones de acceso al beneficio. La gestión conjunta con los gobernadores del Norte Grande permitió incorporar una realidad climática que muchas veces queda fuera de las decisiones tomadas desde Buenos Aires. Eso no elimina el peso de las tarifas sobre los ingresos familiares, pero introduce una corrección que puede representar un alivio para los hogares alcanzados.
En salud, la entrega de ambulancias y las mejoras en el hospital SAMIC de Puerto Iguazú convivieron con una dificultad menos visible: la necesidad de destinar recursos provinciales a medicamentos que antes llegaban mediante programas nacionales. Según las estimaciones expuestas por la administración misionera, reemplazar los envíos interrumpidos del programa Remediar demandaría entre 1.000 y 1.200 millones de pesos mensuales. La cifra permite dimensionar el problema de una provincia que debe atender necesidades crecientes sin contar necesariamente con mayores ingresos.
La frase de Passalacqua durante un encuentro de obras sociales provinciales resume esa tensión: se puede reclamar, pero la gente necesita curarse. La obligación de sostener la atención sanitaria no desaparece cuando se interrumpe una transferencia nacional. El problema termina en los hospitales, en los centros de salud y en las familias que necesitan un tratamiento. Esa realidad también obliga a revisar las prioridades presupuestarias, porque cada responsabilidad adicional reduce los recursos disponibles para otras demandas.
La recorrida por Mártires, donde se completaron trabajos de abastecimiento de agua para más de 400 familias, y el acompañamiento a actividades comerciales y productivas completaron una agenda que no debería interpretarse como una competencia por acumular anuncios. “Las promociones de los Black Friday en distintas localidades y la preparación de las fiestas de la Yerba Mate y de la Madera, forman parte de los esfuerzos por sostener el movimiento económico. Su impacto será diferente según cada actividad y ninguna de esas iniciativas puede reemplazar una recuperación sostenida del poder adquisitivo”.
La política tiene una tendencia persistente a confundir actividad con resultados. Un gobernador puede recorrer municipios, reunirse con empresarios, presentar programas y participar de inauguraciones sin que eso implique necesariamente una mejora general de la economía. Pero tampoco sería razonable desconocer el valor de decisiones puntuales que resuelven necesidades concretas. La cuestión consiste en establecer una relación entre ambas cosas, sin convertir cada acción oficial en una demostración extraordinaria de capacidad de gobierno.
La elección de autoridades en la Cooperativa de Electricidad de Leandro N. Alem aportó otro elemento a la discusión política provincial. El oficialismo cooperativo consiguió imponerse frente a una lista respaldada por referentes vinculados a La Libertad Avanza y el PRO. El resultado recuerda que las identificaciones nacionales no siempre se trasladan de manera automática a las instituciones locales. En las cooperativas, como en los municipios, pesan las relaciones cotidianas, la trayectoria de quienes participan y la evaluación que realizan los asociados sobre los servicios que reciben.
Ese componente territorial también forma parte de la disputa por el futuro de Misiones. Las elecciones de 2027 todavía están lejos, pero los movimientos políticos muestran que la reorganización del oficialismo ya modifica los cálculos de distintos sectores. La posibilidad de construir alternativas, conservar estructuras o establecer nuevas alianzas empieza a ocupar una parte considerable de la conversación pública. El riesgo consiste en que la discusión por el poder termine absorbiendo la atención que necesitan los problemas de la Provincia.
La etapa que atraviesa Passalacqua ofrece una oportunidad para revisar procedimientos, ampliar controles y construir relaciones políticas menos dependientes de una conducción única. Pero esa posibilidad también contiene una responsabilidad. Quienes cuestionan los mecanismos del pasado deberán evitar reproducirlos cuando dispongan de mayores facultades. Y quienes anuncian una renovación desde otros espacios tendrán que demostrar que sus propuestas incluyen algo más que una nueva identificación partidaria.
Misiones no necesita borrar su historia política para discutir su futuro. Necesita comprenderla, reconocer sus aciertos y examinar aquello que durante años permaneció fuera de discusión. La reforma del Tribunal de Cuentas puede contribuir a ese proceso, siempre que las auditorías y los informes permitan conocer cómo se administran los recursos y que sus conclusiones produzcan consecuencias cuando corresponda. La aprobación de una ley representa un punto de partida, no una garantía de que las cosas funcionarán de manera diferente.
“Los retratos, después de todo, pueden permanecer en las paredes durante décadas. Lo verdaderamente importante es que las decisiones de quienes ocupan los despachos, dejen de depender de la voluntad de una sola persona y respondan a reglas que todos estén obligados a respetar”.