Más allá de la agenda de reformas estructurales o de la política internacional, el foco social vuelve una y otra vez a las cuestiones más inmediatas: el poder de compra, el empleo y la estabilidad de los ingresos. En la Argentina actual, la macroeconomía puede exhibir algunas señales de orden, pero en la vida cotidiana el humor social aparece dominado por el malestar del bolsillo. La fragilidad económica se percibe en el consumo, en la dificultad para ahorrar y en las expectativas a futuro de buena parte de la población.
Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.
Esa sensación tiene respaldo en los datos. Una encuesta de la consultora Delfos realizada en febrero muestra que el 44% de los argentinos afirma que sus ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos mensuales. Apenas el 18% asegura que puede vivir y además ahorrar, mientras que un 37% sostiene que llega “con lo justo”, sin margen para imprevistos. La fotografía social revela un escenario donde el poder adquisitivo sigue tensionado y donde la recuperación del ingreso real todavía no logra consolidarse.
En paralelo, el mercado laboral refleja transformaciones que también explican ese clima económico. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 los asalariados registrados del sector privado cayeron un 2,6%. Al mismo tiempo crecieron con fuerza los monotributistas, los cuentapropistas y los trabajadores autónomos. El empleo total logra sostenerse estadísticamente, pero con una recomposición que implica mayor precariedad y menor estabilidad.
La estructura productiva también muestra cambios que influyen en esa dinámica. Algunos sectores que hoy presentan expansión, como la minería o las finanzas, tienen un impacto relativamente bajo en la generación de puestos de trabajo. En contraste, actividades históricamente intensivas en mano de obra —como la industria, el comercio o la construcción— atraviesan momentos de retracción. Esa combinación produce un crecimiento que no necesariamente se traduce en más empleo ni en mejores ingresos.
El panorama federal refuerza esa lectura. En toda la Argentina solo Neuquén logró registrar al mismo tiempo crecimiento del empleo privado y aumento en la cantidad de empresas, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. En el resto del país el escenario es más dispar. Provincias con fuerte actividad minera, como San Juan o Catamarca, también evidenciaron caídas en la cantidad de firmas activas y en los puestos de trabajo, lo que relativiza la idea de que la apertura económica genere automáticamente más empleo.
Otros indicadores económicos también marcan señales de enfriamiento. La industria automotriz registró en febrero una caída superior al 30% interanual en su producción, mientras que las exportaciones del sector también retrocedieron. A la vez, la recaudación tributaria volvió a mostrar un deterioro cercano al 10% real en febrero, acumulando siete meses consecutivos de caída frente a la inflación. En ese contexto, el superávit fiscal continúa siendo el principal logro del programa económico, aunque su sostenibilidad dependerá en buena medida de la evolución de la actividad.
Ese escenario nacional funciona como telón de fondo para las provincias, que deben administrar sus propias agendas en un contexto de recursos más ajustados. Misiones no es una excepción. Sin embargo, desde el gobierno provincial se intenta sostener una narrativa centrada en la continuidad institucional y en la gestión territorial, con políticas que buscan mantener en funcionamiento servicios claves aun en medio de un panorama económico complejo.
La educación es uno de los ámbitos donde esa estrategia se vuelve visible. El inicio del ciclo lectivo 2026 en San Javier simbolizó la puesta en marcha de un sistema que involucra más de dos mil actos escolares en toda la Provincia y a más de 33 mil docentes. El gobernador Hugo Passalacqua destacó valores vinculados al respeto, la convivencia y la responsabilidad colectiva, reforzando la idea de que la educación sigue siendo una prioridad estructural incluso en tiempos de restricciones presupuestarias.
En paralelo, otras iniciativas buscan mostrar acompañamiento estatal en áreas sensibles. La incorporación de un equipo oftalmológico láser de última generación en el Hospital Escuela Madariaga apunta a ampliar la capacidad quirúrgica del sistema público, mientras que el programa “Mirar Mejor” continúa recorriendo municipios con operativos oftalmológicos gratuitos. A eso se suman políticas como la entrega de más de doscientos títulos de propiedad en Santa Ana y el acuerdo con la Nación para avanzar en el reconocimiento de la deuda vinculada a la Caja Jubilatoria provincial. En conjunto, estas acciones reflejan una estrategia de microgestión territorial y cercanía con los ciudadanos, en un país donde la incertidumbre económica sigue marcando el pulso del debate público.
