Hay una postal que se repite en Misiones —y en buena parte del país— y contarla puede servir para entenderla porque no es fácil: miles de empleados públicos que aplauden la motosierra mientras cobran su sueldo del Estado.
Por Luis Huls*
No se trata de una categoría abstracta. Son amigos de la primaria, de la secundaria, parientes, conocidos de la vida. Policías, docentes, administrativos. Muchos ingresaron porque sus padres ya eran empleados públicos; otros porque un dirigente les abrió la puerta. Algunos aprovecharon la estabilidad del sueldo seguro para estudiar otra carrera, montar un comercio, dar clases particulares. Y eso no es un pecado: todos tienen derecho a progresar, a crecer, a diversificar sus ingresos, a aspirar a ganar más y vivir mejor. Es lógico. Es humano.
-El problema no es ese. El problema es la contradicción.
Un amigo del Consejo de Educación estudió gracias a ese sueldo y se recibió de abogado pero detesta al gobierno que le pagó puntualmente el sueldo durante 20 años. Otro docente que también da clases particulares, estuvo siempre al frente de todas las protestas de los últimos años adhiriendo a los paros. Un profesor de educación física es comerciante y comisionista, hace poco me dijo: “No se vende nada. La economía está planchada, el consumo cayó”. Pero al mismo tiempo aplaude con convicción, el rumbo económico nacional. No logra —o no quiere— conectar la situación económica del país con la realidad de su propio bolsillo.
Conozco a alguien del mundo de los medios, efusivo defensor del presidente Milei, que pidió a un importante político misionero que ubicara a su hijo como administrativo en el Parque de la Salud. Ahora pidió otro puesto para su hija. Otro colega logró que su hijo ingresara en planta permanente en la Cámara de Diputados. Casos así abundan desde hace décadas, con gobiernos de distintos colores. No es patrimonio exclusivo de nadie.
Días atrás me contaron el caso del dueño de una pizzería conocida de la Costanera, que se lamentaba porque el consumo cayó según él, por los bajos sueldos estatales, al mismo tiempo que negaba rotundamente que haya ocurrido por la recesión económica nacional. Aunque este no era parte de la plantilla estatal, su caso sirve como muestra del comportamiento social.
Un ex trabajador del INYM, conocido de la primaria, anti K, exmacrista y ahora libertario, celebró cada recorte desde 2023. Lo despidieron cuando asumió la nueva conducción de Correa, después de más de 10 años de antigüedad. Nunca pensó que él podía ser parte de “la casta”. En sus descargos en redes, buscó otros responsables, pero no apuntó al modelo que lo dejó afuera.
Un amigo policía que en 2024 marchaba preguntando “¿dónde está la plata?” reclamaba —con razón— una mejora salarial a la Provincia. Pero también celebraba que Nación recortara transferencias. Si a la Provincia le ingresan menos fondos, la ecuación es simple: menos recursos implican tensiones en salarios, obras o empleo. No es ideología, es matemática fiscal.
Dos hermanos docentes reclaman sueldos más altos —algo totalmente legítimo— y celebran cada triunfo electoral de La Libertad Avanza. No advierten que cuando se reduce el flujo de recursos hacia las provincias, el margen para mejorar ingresos se achica.
La gran mayoría de los trabajadores públicos registrados en esta editorial celebra el ajuste y defiende cada recorte con argumentos que van desde la épica “anticasta! hasta el clásico “los K eran peores” o “el peronismo no hizo nada en 70 años”. Es una discusión política válida. Todos tienen derecho a pensar distinto, a elegir y a votar lo que crean mejor para el país.
También la gran mayoría se atiende en el hospital público cuando hay una urgencia. Mandan —casi todos— a sus hijos a la universidad pública. Usan el boleto estudiantil misionero. Algunos viven en viviendas del IPRODHA. Y, al mismo tiempo, celebran el fin de la obra pública o los recortes presupuestarios.
Aquí es donde la discusión se vuelve incómoda: no se debería pedir ajuste generalizado y, al mismo tiempo, pretender que el propio sueldo no sea afectado. No se debería reclamar motosierra para el Estado en abstracto y exigir aumento salarial en concreto sin asumir que ambas cosas están conectadas.
No se trata de atacar al empleado público. Todo lo contrario. El empleado público cumple funciones esenciales: educa, cuida la seguridad, atiende la salud, sostiene la administración. Sin ellos, la comunidad no funciona. Merecen ganar un sueldo acorde, que le alcance para vivir dignamente. Esta editorial no busca descalificar ni estigmatizar a nadie. Busca comprender una contradicción que atraviesa a buena parte de la sociedad.
-Hay algo más profundo que la discusión partidaria: la ilusión de inmunidad.
Muchos sienten que el ajuste es para otros. Que la motosierra es una metáfora moral contra “la casta” y no una herramienta concreta que recorta partidas, transferencias y presupuestos. Que el recorte nunca va a llegar a su propio bolsillo.
Pasó con yerbateros que votaron aun sabiendo que la desregulación los perjudicaba. Pasa con afiliados del gremio de comercio que lamentan el cierre de locales, pero acompañaron el modelo que enfría el consumo. Pasa con obreros de la construcción que celebraron la derrota del peronismo y hoy enfrentan desempleo.
Tal vez la pregunta no sea porqué votan lo que votan. Eso forma parte de la libertad democrática. La pregunta es, si se puede sostener al mismo tiempo la idea de un Estado mínimo y la expectativa de un ingreso estatal creciente. Si se puede pedir ajuste estructural y mejora salarial al mismo tiempo, sin reconocer la tensión que existe entre ambas cuestiones.
“No es un reproche. Es una invitación a mirar el cuadro completo”.
Porque la macroeconomía no es un debate televisivo. Es el marco que termina ordenando —o desordenando— cada economía doméstica.
«Y en algún momento, el ajuste deja de ser consigna y se convierte en realidad».
*Director de Misiones Opina
