Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, cuestionó la privatización de miles de kilómetros de rutas nacionales anunciada por el gobierno de Milei en los últimos días, entre ellas la 12 y la 105 en Misiones. “Es reiterar el mismo error de la década del 90, una nueva estafa vial que lo grave es que va a ser por 20 a 30 años más”, advirtió.
En una entrevista de FM Santa María de las Misiones, se refirió a la decisión del gobierno nacional de avanzar con la privatización de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105 generó fuertes cuestionamientos desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Lasca, vocero del sector, sostuvo que la medida “reitera el mismo error de la década del 90” y advirtió que el nuevo esquema implicará mayores costos para usuarios y sectores productivos.
“Es una nueva estafa vial que lo grave es que va a ser por 20 a 30 años más. Ya hace más de 30 años que nos castigan, que nos roban, que pagamos peaje para matarnos y seguimos con lo mismo”, expresó.
Lasca indicó que la concesión que alcanzará una red total de 9.000 kilómetros en todo el país, entre los que se incluyen rutas que atraviesan Misiones. Según afirmó, el esquema previsto no contempla obras estructurales. “Lo grave es que solamente se prevé hacer simple bacheo, un simple mantenimiento, no se prevé hacer obras de envergadura, no se prevé hacer autopistas, autovías, multicarriles, o sea, es simplemente un simple mantenimiento”, señaló.
“Van a haber carteles mejor pintados, pasto cortado y un simple bacheo, pero no obras de infraestructura que impliquen una mejora vial”, remarcó.
-“Es un régimen inconstitucional”
El dirigente cuestionó la legalidad del sistema de peajes en corredores donde no existen caminos alternativos. “Es seguir con un régimen claramente inconstitucional porque no hay camino alternativo, hay doble imposición. Es increíble que quienes gobiernan, quienes nos representan, no hayan leído lo que expresa la Constitución Nacional respecto al libre tránsito”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que los usuarios ya aportan a través del impuesto a los combustibles. “No es como dice el gobierno que la plata no está. La plata está, que es el impuesto a los combustibles, que todos los gobiernos meten la mano y se la roban para destinarlo a cosas que no tienen nada que ver para lo cual fue creado ese impuesto, que es para hacer obras de infraestructura”, sostuvo.
Lasca enumeró otros tributos que pagan los propietarios de vehículos y cuestionó la carga fiscal. “Estamos pagando el impuesto a los combustibles. No hay que inventar nada, al margen de pagar impuesto al neumático, lubricantes, pagamos VTV, mantenimiento, patente, seguro. ¿Qué más nos quieren cobrar a los que tenemos un vehículo? Tener un vehículo es un delito, es un castigo”, arremetió.
-Tarifas más altas y más estaciones de cobro
Uno de los puntos centrales de la crítica se centró en el aumento de tarifas y en la ampliación de estaciones de peaje. “Con tarifas que se triplican, porque el camión va a pagar cerca de 35.000 pesos en cada estación de peaje. Y se agregan nuevas estaciones de cobro. A las 50 que ya existen, se agregan 50 estaciones nuevas. O sea, encima van a cobrar un peaje cada 100 kilómetros. Es una locura esto”, advirtió.
Para el funcionario, el impacto se trasladará de manera directa a las economías regionales. “Al estar pagando este falso peaje cada 100 kilómetros, automáticamente se traslada al costo del transporte y por ende a todos los precios de la economía, afectando a todo el sector productivo, agropecuario. Y más aún, no teniendo ferrocarril… No hay una política seria de transporte terrestre, pasan los años y ningún candidato habla de una política de transporte terrestre”, indicó.
También cuestionó el esquema de financiamiento. “Hablan de inversión privada cuando hay fondos del Bice, del Banco de Inversión, que depende del Ministerio de Economía. O sea, ni siquiera ponen un peso los concesionarios. Y aparte los caminos ya están hechos, pagados con estos impuestos. Ellos van a entrar solamente para hacer un simple maquillaje. Es una actitud perversa. Juegan con la vida de la gente”, afirmó.
Por otro lado, Lasca sostuvo que las concesiones viales tienen carácter de servicio público y que no se creó un ente regulador por ley antes de avanzar con el esquema.
Sobre las presentaciones judiciales, señaló: “Hay demandas judiciales, pero lamentablemente la justicia responde a los intereses de las concesionarias y de cada gobierno. Hay amparos presentados y fueron rechazados. Esto va en contra de la Constitución Nacional”, insistió.
El referente también apuntó contra la ausencia de organismos de control. “Hace 16 años que está vacante la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. No hay defensor del pueblo. No hay dónde reclamar”.
“Estamos a la buena de Dios y esto no es un tema menor, hay 5000 muertos por año y más de 100.000 heridos en accidentes y siniestros viales, pero no les importa nada”, apuntó.
(Resumen: MOL)
