Se trata de la fiscal Silvia María Barronis, quien intentó que la pericia de los dispositivos secuestrados en el allanamiento sea realizado por la Gendarmería Nacional. La desesperada maniobra que busca apartar del caso a la Secretaría de Apoyo de Investigaciones Complejos, prendió las luces de alerta en las altas esferas del Poder Judicial, ante serios indicios que probarían un estrecho vínculo de la fiscal con la familia Puerta. Como en el caso Loan, donde hubo probados hechos que embarraron la causa y desviaron la investigación que, hasta el día de hoy, pasados dos meses, no puede dar con el paradero del niño desaparecido involucrando hasta al mismo gobernador de Corrientes.
Lo que ocurrió fue que, mientras el Dr. Miguel Faria se encontraba en la SAIC, haciendo un repaso del informe y las pruebas remitidas oportunamente tras el allanamiento del día martes de la semana pasada en casa del legislador investigado, recibe llamado telefónico por parte de la Fiscal Silvia María Barronis que le solicita y anticipa que va pedir el apartamiento de las oficinas designadas para las pericias sobre los elementos secuestrados (SAIC y Cibercrimen) y que va requerir los mismos sean enviados a C.A.B.A. para ser periciados por Gendarmería Nacional.
Quedó demostrado un claro intento impulsado por actores políticos que podrían ser salpicados para ocultar alguna prueba, usando funcionarios judiciales muy allegados desde hace años, buscando alguna protección y demostrando evidente preocupación por las implicancias que pueden llegar a arrojar las pericias.
La Fiscal mencionada reside en Apóstoles, ocupa ese cargo desde hace muchos años y se comenta en la ciudad que tiene estrechas relaciones y vinculaciones con la familia del exgobernador Puerta y su hijo.
El argumento que utilizó para su descabellada pretensión, fue que se filtraron a la prensa fotos del procedimiento, una situación que se da en forma casi normal en todas las causas judiciales y que a diario se observa en la televisión nacional como la misma prensa adelanta información que todavía la justicia no dio a conocer.
El Dr. Faria le explico que no hará lugar al pedido, que no hay a su criterio ninguna acción que pueda demostrar lo manifestado por ella, y que, por haber sido parte del procedimiento, es testigo de que todo fue bajo sus órdenes y respetando las leyes de procedimiento y fondo.
El juez ordenó que la pericia se haga en forma urgente, el viernes 16 de agosto a las 8.30, “ante la volatilidad de la evidencia digital, los cuales pueden ser eliminados, modificados o destruidos”, designando para llevar adelante la labor pericial al personal especializado de la SAIC y la División Cibercrimen de la Provincia de Misiones “con la finalidad de garantizar la autenticidad de la información almacenada en los dispositivos secuestrados”.
Cumplida esa tarea, se procederá a analizar la información obtenida y en el plazo de 15 días hábiles se elevará el dictamen pericial, de acuerdo a los datos adquiridos; lo que incluirá, la información lograda de las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet, asociados a los datos conseguidos por medio de las operaciones periciales llevadas a cabo.
En cuando al accionar inescrupuloso de la Fiscal apostoleña, trascendió que su maniobra llegó a ser analizada en las altas esferas judiciales y hay en marcha numerosos escritos para solicitar un Jurado de Enjuiciamiento a raíz de su evidente parcialidad sumado a errores groseros en su proceder técnico y jurídico.
