El rechazo presidencial a la distribución automática de fondos vuelve a tensar la relación con los gobernadores, que reclaman previsibilidad y respeto a la autonomía provincial.
El presidente Javier Milei decidió vetar la ley que establecía un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sancionada días atrás por el Congreso. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, generó una reacción inmediata en las provincias, que ven en esta medida un retroceso en la construcción de un federalismo real.
El proyecto fijaba un esquema de distribución equitativa: 41,2% para la Nación y 58,8% para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo el criterio de coparticipación.
De haberse aplicado, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se hubiesen distribuido $980.000 millones, lo que equivaldría al 0,11% del PBI. Misiones, por ejemplo, habría recibido $18.373 millones.
-Centralismo vs. previsibilidad
El gobierno justificó el veto argumentando que la ley “contradice la finalidad original” de los ATN, pensados como un mecanismo extraordinario para emergencias. La Casa Rosada insiste en mantener la discrecionalidad, concentrando el manejo en el Ministerio del Interior.
Los gobernadores, en cambio, impulsaron la norma para reducir la arbitrariedad y contar con previsibilidad en sus presupuestos. “Es el federalismo lo que está en juego”, advirtieron desde distintos bloques provinciales.
En lo que va de 2025, el Ejecutivo distribuyó $84 mil millones en ATN, apenas una fracción del total disponible. Según IARAF, en los últimos años solo se utilizó el 25% de los fondos posibles, mientras que el 75% se acumuló en manos de Nación.
-Reclamo unánime de las provincias
La decisión encendió las alarmas en todos los distritos, más allá de las pertenencias partidarias. “Los gobernadores piden respeto a la voluntad de las provincias y al federalismo, que claramente está ausente en esta discusión”, señaló el periodista Juan Carlos Arguello en Canal Doce.
El planteo es claro: la Nación sostiene su ajuste fiscal reteniendo recursos que deberían girarse a las provincias.
-Veto tras veto
No se trata de un hecho aislado. El rechazo al financiamiento del Hospital Garrahan, la falta de actualización del presupuesto universitario desde 2023 y ahora la ley de ATN configuran una política sistemática de recorte sobre áreas sensibles.
“Sin actualización de sueldos ni partidas que acompañen la inflación, el impacto en las provincias es doble: menos recursos y más responsabilidades”, apuntó Arguello.
-Un conflicto abierto
Este 17 de septiembre el Congreso intentará revertir la decisión presidencial, en una sesión que promete ser clave. Allí se discutirán no solo los ATN, sino también otras leyes vetadas por Milei.
La tensión crece: universidades en paro, hospitales en riesgo y provincias reclamando por el impuesto a los combustibles que buscan recuperar.
El choque entre Nación y provincias ya no es coyuntural: se trata de un modelo de centralismo fiscal que amenaza la esencia misma del federalismo argentino.
Por ahora, el Gobierno parece decidido a profundizar el rumbo. El costo político, sin embargo, podría ser mayor al ahorro que se esgrime en nombre del ajuste.
-IMPACTO en Misiones
Del 58,8% que se iban a distribuir automáticamente a las provincias, Misiones iba a recibir unos $18.000 millones, según un informe del IARAF.
La ley eliminaba la discrecionalidad política en la distribución de los ATN al plantear un mecanismo automático de reparto diario acorde a la ley de coparticipación. Establecía que a la Nación le correspondía el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartía entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.
Durante los primeros ocho meses de este año, Misiones recibió un 4,4% de fondos correspondientes a los ATN, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y del ministerio de Economía nacional.
Otro informe del IARAF demuestra que, de haberse concretado la nueva ley de ATN, los fondos anuales en cuestión iban ser de $980.000 millones, lo que en términos del PBI equivalen al 0,11% del PBI. El incremento automático de recursos iba a ser de $404.000 millones (0,047% del PBI) para Nación y de $576.000 millones para provincias y CABA (0,067% del PBI). Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), “los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible. En efecto, un 75% fue acumulado”, explicó el titular del instituto, Nadín Argañaráz.
En este punto, Argañaráz graficó que Misiones iba a recibir unos $18.373 millones en concepto de ATN automático, lo que representaría un 0,0022% del PBI.
Ahora, el proyecto vuelve a la Cámara alta para discutir si rechaza el veto del presidente o para ratificar la norma.
