La denuncia de un productor misionero expone el mecanismo de aportes obligatorios que golpea al oficialismo. El caso toma mayor relieve con las acusaciones que involucran a Karina Milei a nivel nacional.
## Aportes forzados y silencio interno
En Misiones, el escándalo que sacude a La Libertad Avanza tiene nombre y apellido. Samuel Doichele, productor agropecuario de Wanda y ex militante libertario, denunció hace meses lo que hoy resuena con más fuerza: un sistema de recaudación ilegal dentro del partido.
Según su testimonio, funcionarios de ANSES y PAMI designados en la provincia eran obligados a entregar alrededor del 10% de su salario a un allegado directo de Carlos Adrián Núñez, presidente de LLA en Misiones. La maniobra no era aislada: se trataba de un mecanismo sistemático, con al menos 11 casos confirmados y transferencias mensuales que rondaban entre 250 y 290 mil pesos.
Todo se hacía mediante cuentas particulares. El dinero salía de los bolsillos de los trabajadores públicos y terminaba en un circuito partidario que nadie podía cuestionar sin arriesgar su puesto. Cuando algunos empleados se animaron a preguntar si era legal, la reacción fue el silencio y la marginación.
Doichele relató que se intentó resolver internamente el conflicto, incluso juntando firmas para frenar el esquema. Pero Núñez, lejos de dar explicaciones, se alejó de las bases. La desconfianza creció hasta que los militantes decidieron avanzar con la denuncia penal.
## El peso nacional del escándalo
La presión no tardó en llegar. El propio Eduardo “Lule” Menem, figura cercana al oficialismo, se comunicó con Doichele antes de la presentación judicial. “Me dijo que era un malentendido, que en todos lados se hacía. Pero no logró frenarnos. Sí logró callar a otros referentes”, aseguró el denunciante.
El trasfondo era claro: los aportes forzados estaban destinados a financiar la maquinaria electoral en la provincia. Funcionarios que, además de trabajar bajo precariedad y miedo, eran extorsionados para sostener la estructura política.
Lo que parecía una denuncia local vuelve ahora al centro de la escena con un condimento explosivo: las acusaciones nacionales de supuestas coimas que involucran a Karina Milei. El paralelo entre el caso Misiones y el escándalo nacional potencia la idea de que el mecanismo de recaudación irregular no era un hecho aislado, sino una práctica extendida.
## Misiones como espejo incómodo
El impacto en Misiones es doble. Por un lado, desnuda la precariedad institucional de un partido que prometió “terminar con la casta” y concluye reproduciendo los peores vicios de la política que criticaba. Por otro, coloca a la provincia en la primera línea de un escándalo que sacude a la hermana del presidente y principal estratega de LLA.
La contradicción es evidente: quienes llegaron al poder con la bandera de la transparencia son acusados de aplicar un sistema de coimas y presiones. Misiones, que había quedado en un segundo plano de la política nacional, aparece ahora como epicentro de un caso que compromete la credibilidad del proyecto libertario.
Doichele lo sintetizó con crudeza: “Nadie podía denunciar porque tenían miedo de ser echados”. Ese miedo, que se traduce en silencio, es el mismo que hoy empieza a romperse con nuevas revelaciones.
La denuncia local se conecta así con la tormenta nacional que golpea a Karina Milei. En ambos niveles, el patrón se repite: fondos oscuros, aportes forzados y una estructura partidaria que parece priorizar la caja por encima de la transparencia.
