Cerca del 10 por ciento de los beneficarios del Programa nacional, Potenciar Trabajo, no cumplieron con la auditoría digital del ministerio de Desarrollo Social. Perderán la mitad del ingreso desde febrero.
El Gobierno suspenderá unos 160 mil planes del mencionado plan, luego de cerrar el proceso de validación (el término culminó el pasado 15 de enero), de los aproximadamente 1,3 millones de beneficiarios en todo el país, según pudo saber cerca del diez por ciento de ese universo no realizó el control obligatorio de datos que el ministerio de Desarrollo Social lanzó en el último tramo del año pasado. A partir de febrero, cobrarán la mitad del ingreso previsto y si demoran la validación, lo perderán por completo.
El programa Potenciar Trabajo, contado por sus beneficiarios: “No compite con el trabajo en blanco; acá no llega”
Este Programa entrega unos 30 mil pesos por 4 horas de contraprestaciones diarias en cooperativas. Muchos de los beneficiarios pertenecen a las organizaciones –el Evita es la mayor, con unos 120 mil–, aunque también hay planes manejados por los municipios, las provincias, asociaciones civiles y hasta la Iglesia. Para abril, el Gobierno prometió un bono de $17.000.
Este anuncio es un adelanto de la confirmación oficial estipulada por la ministra Victoria Tolosa Paz, vía conferencia de prensa, para conocer en detalle los resultados finales de la auditoría digital que encaró su cartera a través de la aplicación Mi Argentina, que iba a terminar hace dos semanas pero que se extendió hasta ayer domingo.
Esa prórroga contó con un dispositivo territorial en todo el país para la atención personal de los titulares del programa que aún no habían completado el proceso de validación digital de datos, trámite que era condición para la permanencia en el programa. El proceso contó con el acuerdo de las organizaciones sociales –tanto oficialistas como opositoras.
La auditoría digital la inició Tolosa Paz al poco de reemplazar a Juan Zabaleta en el cargo, en octubre del año pasado y, en medio del escándalo que estalló por la filtración de un informe de la AFIP, que aseguraba que había 250 mil “incompatibilidades” e irregularidades entre los beneficiarios, aunque no se trataba de datos nominales.
Eso generó mucha tensión entre la funcionaria y los movimientos piqueteros, luego de que la propia Tolosa Paz dijera que las irregularidades eran solo unas 3.000, pero luego determinó dar de baja unos 20 mil. En el medio pidió sumar requisitos de incompatibilidad en el programa –que hubiera elevado el número de irregulares a casi 200 mil– y finalmente avanzó con la auditoría digital.
A partir de los datos cualitativos que recogió la auditoría, se disponen las nuevas medidas. Según un recorte de datos al 29 de diciembre pasado, el 70% de los beneficiarios del programa no llegaba a completar el secundario. Incluso hay un 10% (102.999 personas) que tiene la primaria incompleta. De un millón de personas que validaron su información en ese momento, 18.537 indicaron no realizar ninguna actividad de las que son obligatorias para tener el plan, como es realizar actividades productivas o comunitarias, hacer cursos de capacitación o estar en una situación de finalización de estudios formales.
(Fuente: elDiarioAR)
