El gobierno de Milei logró que le sancionaran su paquete de medidas económicas y fiscales ya que los diputados, por amplia mayoría, aprobaron tanto la ley Bases como la reforma fiscal presentadas por el ejecutivo nacional y, despejó el único interrogante que sostenía hasta la medianoche: la recomposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.
Luego de un debate de 13 horas, con la presencia de Karina Milei, Guillermo Francos y Victoria Villarruel en el recinto, pasada la medianoche se sancionó el primer proyecto legislativo de la gestión de Javier Milei.
La ley Bases aprobada (147 a favor, 104 en contra y 2 abstenciones), replica el texto aprobado en el Senado, que redujo la lista de empresas privatizables, eliminó la reforma previsional, reformó el RIGI y amplió la cantidad de organismos estatales que no se pueden disolver. Además, se sancionó la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes a partir del articulado que había formulado la Cámara de Diputados en abril, que incluye impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales.
Las posiciones antagonistas de los diputados patagónicos y de un sector de la Unión Cívica Radical en Ganancias fueron las únicas que podían haber evitado un triunfo legislativo total del Gobierno. Incluso aliados desde el primer momento (Carolina Píparo y Florencio Randazzo) amenazaron con el rechazo. Finalmente, las posiciones en contra no inclinaron la votación, Casa Rosada se aseguró a los dubitativos e incluso torció voluntades dentro del peronismo catamarqueño (una abstención y tres votos a favor).
Una de las recurrencias durante el debate, fue la posibilidad de judicialización de lo aprobado en la reforma fiscal, que recuperó el texto de Diputados aprobado en abril desconociendo los rechazos del Senado a Ganancias y Bienes Personales. «Tengamos en claro que esto va a ser el insumo, lamentablemente, para aquellos jueces que van a recibir las cientas de miles de demandas, que no van a venir de los diputados sino de los casi 800.000 trabajadores a los que se les cambió en nueve meses su situación impositiva», señaló Vanesa Siley (Unión por la Patria).
En contraposición, desde el oficialismo remarcaron la estabilidad que garantiza esta legislación. Santiago Santurio (La Libertad Avanza) insistió que “es necesario tener los instrumentos, los medios y los acuerdos para dar seguridad jurídica y para que el rumbo sea sostenido en el tiempo. Entendemos que durante seis meses -sin ninguna ley- los índices macroeconómicos han mostrado que el camino es correcto”. “Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones argentinos. Hagamos que valga la pena, sigamos avanzando, no nos tentemos con salidas fáciles, sostengamos el equilibrio y repartamos mejor el costo de este proceso«, consideró a su turno Silvia Lospennato (PRO).
Uno de los legisladores que acompañó la ley en general pero tuvo disidencias parciales, Agustín Domingo (Innovación Federal), recordó que “más allá de mi posición de rechazo al impuesto de las Ganancias al igual que muchos diputados patagónicos porque no compartimos que no se haya contemplado el diferente costo de vida que tenemos, no tenemos ninguna duda de la facultad que tenemos como Cámara de origen de insistir con la media sanción de los cambios que se introdujeron a este paquete fiscal en el Senado».
Aunque su bloque votó a favor, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), apuntó que “ojalá que las herramientas que hoy les estamos dando al Presidente y al Gobierno la utilicen con prudencia, equilibrio, mesura y evitando el frío y aséptico discurso que en el nombre de la libertad se intenta construir un nuevo relato desde una visión utilitarista, con un sentido del mérito mal entendido y donde profundiza la polarización”.
–Entre los nueve capítulos de la ley Bases y, luego de la eliminación de la reforma previsional, los 238 artículos de la legislación aprobada incluye:
Facultades excepcionales para el presidente de la Nación: emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): esquema impositivo que establece estímulos para captación de fondos productivos extranjeros (de al menos de u$s 200 millones) durante 30 años para el sector forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cuentan con exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año. El Senado estableció que cada provincia pueda definir su adhesión al régimen y un cupo del 20% de adquisición a proveedores locales «siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad».
Reforma laboral: extensión del período de prueba a los seis meses para empresas con más de 100 trabajadores, de ocho meses para empresas desde seis hasta 100 trabajadores y de un año en empresas con hasta cinco trabajadores. Los sindicatos continuarán cobrando cuotas de los trabajadores aunque no estén afiliados.
Privatizaciones: se establecen como susceptibles de ser privatizadas a las compañías estatales ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE.
Modificación de ley de hidrocarburos: se establecen mecanismos de desregularización para priorizar la maximización de la producción para la exportación y la renta, modificando el paradigma que se concentraba en el abastecimiento del mercado interno.
Obra pública: el Ejecutivo cuenta con potestad para renegociar o rescindir contratos de obra pública o provisión de bienes y servicios, con excepción a aquellos que tengan un 80% de grado de ejecución o tengan financiamiento internacional.
Reforma impositiva tabacalera: se incrementa el impuesto a los cigarrillos del 70% al 73% y se incluye a la Tabacalera Sarandí.
-El proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el punto que llegó con mayor grado de conflictividad e incertidumbre al debate, propone:
Restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias: quedarían contemplados trabajadores asalariados solteros que perciben un salario bruto de $1,8 millones. En caso de casados con dos hijos, el esquema asciende a $2,34 millones.
Régimen de Bienes Personales: el piso del pago del impuesto pasaría de alcanzar a personas con patrimonios de $27 millones a las de $100 millones. Se establecen una reducción de alícuotas progresivas del 0,5% al 1,5%, cuando actualmente es del 1,75%. Los contribuyentes pueden pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales con una tasa de 0,45% y lograrían congelar su patrimonio.
Gastos tributarios: el Poder Ejecutivo deberá eliminar tratamientos impositivos especiales por hasta 2 puntos del PBI en el plazo de 60 días.
Régimen de Regularización de Activos: se aplica un programa de blanqueo de capitales de hasta u$s100 mil. Las personas que ingresen al régimen no tendrán ninguna penalización por los bienes no declarados y hasta el 30 de septiembre pagarán una alícuota del 5% sobre el excedente declarado a los u$s 100 mil. Desde octubre a diciembre del 2024 esa alícuota asciende al 10%, mientras que desde enero a marzo del 2025 pasa a ser del 15%.
Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social Disposiciones Generales: se establece una moratoria dirigida a contribuyentes para regularizar deudas vencidas al 31 de marzo del 2024. Dentro de los primeros 30 días de sancionada la ley tendrán una condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios.
Impuesto a la transferencia inmobiliaria: se elimina la tasa que grava las transferencias.
Monotributo: actualización en los máximos de facturación hasta los $68 millones anuales (actualmente, esa suma es de $16 millones). Se elimina la prórroga del denominado Monotributo Social.
(Con información de Á)
