El impacto del caso Loan Peña llegó al Congreso de la Nación e impulsó una reforma penal. Se espera su aprobación en la próxima sesión.
La reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta terminó por dictaminar el proyecto sobre sustracción y/o comercialización de niños, que recibiría apoyo unánime cuando se trate en el recinto. La iniciativa fue presentada por primera vez en el 2022, pero el caso de Loan Peña terminó por reimpulsar el tratamiento de esta reforma.
El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión «al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado».
Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para «quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare», con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier rol estatal
La propia Losada, al finalizar la comisión, detalló que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos, que se contemplan situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido) y que este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas. «En la próxima sesión esperemos que se pueda votar, porque es algo que acordamos entre todos para que esté inscripto en nuestro Código Penal», señaló la senadora.
(Con información de Á)
