El Gobierno nacional envió al Congreso, este lunes 22 de enero, los cambios al proyecto de la ley ómnibus, en el que introdujo modificaciones negociadas en puntos clave, como son las retenciones a las economías regionales, resultado de la “estrategia misionerista” como defensa del “mandato misionero”.
La concordia y el diálogo prevalecieron, el “know how” misionerista extrapolado a la esfera nacional, dio sus frutos. De este modo, las semanas de trabajo y reuniones encabezadas por senadores y diputados nacionales de Innovación Federal, con los distintos sectores misioneros afectados por la suba de retenciones que imponía el proyecto de ley ómnibus, antecedieron este logro histórico que empodera al entramado productivo de la Tierra Colorada y del interior del país.
De esta manera, se establecieron retenciones del 0% para las economías regionales, así como también se eliminó la facultad del poder ejecutivo de poder subir los derechos de exportación, solamente manteniendo la capacidad de reducirlas.
En esta línea, el proyecto final de la ley ómnibus, con cambios en retenciones, movilidad jubilatoria y privatización, llega al Congreso, estableciendo en el artículo 206, retenciones cero para los derechos de exportación de todas las mercaderías vinculadas a los complejos exportadores detallados en el Anexo V del mismo.
Además, deja en claro que el poder ejecutivo nacional, será responsable de identificar las posiciones arancelarias del Mercosur, correspondientes a cada complejo exportador mencionado en la normativa.
Mientras que, en el artículo 207, el proyecto habilita al poder ejecutivo, la capacidad de reducir la alícuota de los derechos de exportación hasta un 0%, esto se da en el contexto de la emergencia, como consecuencia de las facultades otorgadas por la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).
Por otro lado, todo indicaría que el sector tabacalero continuaría pagando la alícuota de derecho de exportación del 15%, aunque Innovación Federal persistirá en las negociaciones.
Para finalizar, la facultad que se otorga es para estimular el desarrollo de sectores específicos, sin comprometer la sostenibilidad fiscal, las mismas podrán ser ejercidas hasta el 31 de diciembre de 2024 y únicamente después de recibir un informe técnico fundamentado del ministerio de Economía.
