Este martes 25 de noviembre, en horas de la mañana, en el SUM del Palacio de Justicia, dio comienzo el juicio oral contra los dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, proceso que llega a los tribunales luego de meses de investigación y de la fallida posibilidad de aplicar una probation. El caso toma estado público nuevamente porque fue impulsado a partir de las denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron haber sido perjudicados durante el acampe del 2024.
Los testimonios de los comerciantes fueron determinantes para el avance de la causa. Gustavo A., dueño de un local de muebles, afirmó que la quema de neumáticos generó humo y olores que deterioraron productos y alejaron clientela. En tanto, María Alejandra P., socia de SELLIEZ S.R.L., indicó que sus ventas cayeron entre un 30% y un 50% mientras duró el bloqueo, situación que —según dijo— se revirtió apenas la avenida volvió a estar liberada.
Para la Justicia, estos relatos demostraron que la protesta no solo interrumpió el tránsito durante semanas, sino que afectó directamente la actividad comercial, superando los límites del derecho a huelga. Con las pruebas reunidas —testimonios, actas policiales, fotografías y constataciones oficiales— la fiscal de Instrucción Nº 7, Patricia Inés Clerici, imputó a los dirigentes por Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte.
El conflicto se había iniciado en mayo de 2024 con la instalación del acampe sobre la avenida Uruguay. El 1 de junio, una orden judicial exigió despejar la calzada y los manifestantes acataron parcialmente, pero ese mismo día volvieron a ocuparla por completo, incumpliendo la resolución. El 3 de junio, la Policía constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de Gurina y Sánchez.
Aunque el 7/6 de junio se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, comprometiéndose a no impulsar acciones contra quienes participaron del reclamo, la causa penal siguió su curso. La Justicia aclaró que dicho acuerdo no podía frenar la acción penal pública, ya que esa facultad es exclusiva de los fiscales y no del Poder Ejecutivo.
Ya en el Juzgado Correccional y de Menores Nº 1, la fiscal María Laura Álvarez propuso otorgar una probation, la medida fue rechazada por ambos dirigentes.
Ante la negativa, el juicio comenzó tal como estaba previsto. Durante el debate vuelven a ponerse en primer plano las denuncias de los comerciantes que aseguran haber sufrido pérdidas, caída de ventas y daños en sus productos, elementos que constituyen el corazón de la causa penal que llegó a instancia oral.
