El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más.
En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al Gobierno libertario: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor y siete en contra.
La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión y, la sesión, fue presidida por legislador libertario, Bartolomé Abdala (San Luis).
Tras habilitarse sin problemas el debate -precisaba dos tercios-, el primero en hacer uso de la palabra fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien señaló: “El presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. El rechazo de manera brutal, inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país o comprometemos el futuro de generaciones”.
La nota de la jornada la volvió a dar la -por ahora- macrista y pincelada de violeta Carmen Álvarez Rivero (Córdoba). No fue por su aval al veto, sino por su justificación. En ese sentido, aseguró: “Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro -de Salud, Mario- Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan”.
Ya en los cierres de la discusión, el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) y otrora aliado de la Casa Rosada -hasta semanas previas a la elección a gobernador del domingo último-, Eduardo Vischi (Corrientes), explicó que “el Gobierno lleva más de 20 meses de gestión y no estaríamos discutiendo este proyecto si las cosas se hubiesen hecho bien, si hubiésemos tenido la posibilidad de entender el pensamiento para este tipo de iniciativas y, fundamentalmente, que no tome todas las necesidades que tiene la sociedad por igual para meter un machetazo o motosierra para cuidar el gasto público“.
-El Senado aprobó un proyecto que pone límites al presidente en el uso de los DNU
En este caso, nuevamente la oposición senatorial aprobó y giró a Diputados, un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
Para tener una idea de lo que todo esto implica, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no los deja sin efecto-sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.
La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto. Si la ley es sancionada por Diputados -se estima un veto desde la Casa Rosada-, quedará en el olvido la que Cristina Kirchner empujó en 2006 como senadora, cuyo objetivo fue el mismo que critica hoy el espacio que comanda desde su prisión domiciliaria.
Como miembro informante, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.
“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó.
(Fuente: Infobae)
