La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Jorge Gorini.
El veredicto condenatorio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tiene por delante muchos años de proceso hasta que defina la Corte Suprema de Justicia probablemente.
Es que luego del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, conocido este martes 6 de diciembre, los jueces que declararon culpable a la ex presidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, cuentan en primer lugar con 40 días hábiles para dar a conocer sus fundamentos.
A partir de entonces, las partes van a poder apelar ese fallo y esos recursos serán revisados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
Esa Sala intervino previamente en otros planteos de la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz y por eso será la que reciba las apelaciones. Más allá de la celeridad con la que suele tratar sus expedientes, una resolución de estas características puede demorar entre dos y tres años.
Una vez conocido el fallo de Casación, todos pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia, para lo cual existen dos vías. Es posible hacerlo a través de un recurso extraordinario que primero evalúe la propia Casación y en caso de ser negado, ir en queja directa ante el Alto Tribunal.
La Corte Suprema de Justicia tiene por delante también varios años hasta resolver. Será ese fallo el que determine el punto final de la causa.
Si la Corte convalida la condena dictada por el Tribunal, en el caso de la Vicepresidenta de detentar algún cargo público con fueros en ese momento, se deberá dar intervención al Congreso de la Nación para el eventual desafuero.
(Fuente: El Litoral)
