El gobierno nacional oficializó una suba parcial de los impuestos a la nafta y el gasoil que impactará desde el 1 de marzo. Aunque el ajuste se desdobló para atenuar el golpe en el IPC, el encarecimiento del transporte vuelve a tensionar el costo de vida en Argentina.
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A partir del 1 de marzo de 2026, cargar nafta o gasoil será nuevamente más caro en la Argentina. El incremento responde a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), formalizada a través del Decreto 116/2026 publicado en el Boletín Oficial.
Según lo establecido, la suba en las naftas rondará los $17,385 por litro en concepto de ICL y $1,065 por litro correspondiente al IDC. En términos porcentuales, el impacto directo en surtidores se estima en un promedio cercano al 1,1%, aunque el número final puede variar según la región y cada estación de servicio.
El ajuste forma parte del cronograma de actualizaciones impositivas trimestrales que el Gobierno nacional viene aplicando con el objetivo de recomponer la recaudación fiscal. Sin embargo, el incremento no será completo en marzo: una parte del aumento total previsto fue postergada para abril, en una estrategia oficial para desdoblar el impacto y evitar un salto brusco en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La decisión, presentada como una medida técnica y gradual, se da en un contexto donde la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Aunque el porcentaje anunciado pueda parecer moderado, el combustible tiene un efecto multiplicador en la economía: incide directamente en los costos logísticos, en el transporte de mercaderías y en el precio final de bienes y servicios.
En un país donde el traslado por ruta es clave para el abastecimiento interno, cada ajuste en surtidores termina trasladándose a la góndola. El transporte de alimentos, insumos industriales y productos básicos depende en gran medida del gasoil, por lo que cualquier variación impacta en la estructura de costos.
El argumento oficial apunta a la necesidad de ordenar las cuentas públicas y sostener el equilibrio fiscal. No obstante, el consumidor vuelve a quedar en el centro de la ecuación. La política de actualización impositiva, aunque programada y anunciada, se suma a una cadena de aumentos que vienen marcando la agenda económica desde fines de 2023.
El desdoblamiento del incremento —con una parte ahora y otra en abril— busca suavizar el efecto estadístico en la inflación mensual. Sin embargo, en términos reales, el gasto será el mismo, solo distribuido en dos tramos. Para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo o dependen del transporte diario, el alivio es apenas temporal.
Además, el contexto de precios libres en el mercado de combustibles deja margen para que las petroleras ajusten valores más allá del componente estrictamente impositivo, dependiendo de la cotización internacional del crudo y del tipo de cambio.
La actualización del ICL y del IDC responde a una fórmula de movilidad basada en la inflación pasada, mecanismo que había sido postergado en distintos períodos anteriores y que ahora se aplica de manera escalonada. La recomposición de esos tributos busca recuperar ingresos que el Estado dejó de percibir durante meses.
Sin embargo, en una economía con inflación crónica, cada movimiento en los precios sensibles reaviva expectativas y genera nuevas presiones. El combustible, históricamente, ha sido uno de los indicadores más observados por su capacidad de irradiar aumentos hacia otros sectores.
Así, marzo comenzará con un nuevo ajuste en surtidores, mientras el Gobierno apuesta a que el impacto del 1,1% promedio no desate un efecto dominó inmediato en el IPC. La incógnita, como en tantos capítulos de la economía argentina, es si la fragmentación del aumento logrará contener la dinámica inflacionaria o si, una vez más, el costo terminará acumulándose en el bolsillo de los consumidores.
