El escándalo de Ueno Bank ha dejado de ser un problema exclusivamente financiero para convertirse en una de las mayores crisis políticas e institucionales del gobierno de Santiago Peña.
La intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad, abrió un escenario de incertidumbre para miles de ahorristas y puso bajo investigación a los principales responsables del banco.
La Fiscalía confirmó la detención de directivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez. Entre ellos se encuentra Federico Miguel Vázquez Villasanti. La investigación apunta a posibles hechos de lesión de confianza, estafa y conductas indebidas en situaciones de crisis, entre otras figuras penales. Las responsabilidades individuales deberán determinarse judicialmente.
-Carta de Horacio Cartes al mandatario paraguayo
La carta remitida por el presidente de la ANR, al presidente de la República, Santiago Peña, constituye un mensaje de profunda preocupación ante la crisis que afecta a Ueno Bank y sus consecuencias sobre miles de paraguayos.
En su contenido se refleja la necesidad de que el Gobierno asuma con responsabilidad y determinación la gravedad de la situación.
La prioridad debe ser, sin ninguna duda, proteger a los ahorristas, especialmente a las familias trabajadoras que depositaron sus recursos con confianza y buena fe.
La ANR plantea una respuesta inmediata, concreta y dentro del marco de la ley, para garantizar la recuperación de los depósitos.
–JUICIO POLÍTICO a Santiago Peña: la oposición necesita 53 votos en diputados y 30 en el Senado, para impulsarlo
El pedido de juicio político contra el presidente Peña, a raíz de la polémica vinculada al banco Ueno, abre un nuevo escenario de tensión política en Paraguay.
La Constitución Nacional, en su artículo 225, establece el procedimiento para someter al presidente a juicio político por mal desempeño de sus funciones o por delitos.
La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de formular la acusación y necesita una mayoría de dos tercios: 53 de sus 80 integrantes.
Posteriormente, el Senado debe juzgar al mandatario y necesita 30 votos de sus 45 miembros para declararlo culpable y separarlo del cargo.
En Diputados, la oposición y los sectores disidentes del Partido Colorado reunirían aproximadamente 36 votos, todavía lejos de los 53 necesarios.
Esto significa que necesitan sumar al menos otros 17 legisladores para conseguir que prospere la acusación.
La situación presenta un escenario diferente en el Senado, donde una eventual alianza entre opositores y colorados disidentes podría alcanzar alrededor de 33 votos.
De confirmarse esa correlación, existiría una mayoría potencial para alcanzar los 30 votos necesarios para la destitución.
Sin embargo, una tema son las proyecciones políticas y otra muy distinta los compromisos efectivos de votación.
El principal obstáculo para la oposición sigue estando en Diputados, donde el oficialismo colorado conserva una importante capacidad de contención.
La posibilidad de avanzar dependerá, fundamentalmente, de que se produzca una fractura dentro del Partido Colorado.
En definitiva, el futuro político de Santiago Peña no dependerá solamente de la oposición, sino también de cuántos legisladores colorados estén dispuestos a romper filas con el oficialismo.
